El 54% de las tierras rurales del departamento Lácar, Neuquén ya no son argentinas. Un caso de Neuquén para entender qué se juega esta semana con la extranjerización de tierras en toda la Argentina.
Vivir en el departamento más extranjerizado del país
Hace diez años elegí San Martín de los Andes para vivir. Como tantos que llegan a la Patagonia y ya no se van, lo hice por el lago, por los cerros, por esa sensación de estar en un lugar que todavía respira despacio. La ciudad es, además, la puerta norte de la ruta de los Siete Lagos, el mismo camino que lleva a Villa Traful y a Villa Meliquina.
Sin saberlo me estaba mudando al epicentro de un fenómeno que hoy tiene nombre y porcentaje, y que recorre casi toda la Argentina: el departamento Lácar es, según el Observatorio de Tierras, el que concentra la mayor extranjerización de tierras rurales de todo el país. Más de la mitad de esa superficie, unas 257 mil hectáreas sobre un total de 475 mil, ya no tiene dueños argentinos.
A modo de comparación: Neuquén, la provincia entera, promedia apenas un 5,5% de extranjerización. La foto provincial es tranquilizadora. La foto de Lácar, no; y el Lácar, ya se va a ver, es apenas el primer punto caliente de un mapa mucho más grande.
El día que el Lolog nos dijo que no
Hace unas semanas quisimos volver al cerro Lolog. Vivimos cerca, lo conocemos de memoria, lo caminamos infinidad de veces. No era una excursión especial ni un plan turístico: era, simplemente, salir a entrenar, como hacíamos siempre, como hacían otros vecinos que también lo usaban como gimnasio a cielo abierto.
Esta vez no se pudo.
Lo que hubo fue una certeza, cada vez más frecuente en esta zona de la cordillera: un sendero que fue parte de la rutina de años dejó de estar disponible, sin cartel nuevo ni anuncio oficial de por medio. A quienes vivimos acá, este tipo de cierre golpea de forma muy concreta: es el mapa cotidiano que se nos achica.
Un guía, un guardia austríaco y un cerro con nombre propio
Lo del Lolog se repite. Hay un episodio reciente que lo demuestra con nombre y apellido: el 29 de junio, el guía de montaña Julián Pajarola, nacido y criado en San Martín de los Andes, intentó subir con su grupo al cerro Ezpeleta. Un cuidador con acento austríaco les negó el paso: adujo que se trataba de propiedad privada y que los dueños no autorizaban el ingreso.
El terreno en cuestión forma parte de una superficie de aproximadamente 1.672 hectáreas, la Estancia Mil Rosas, catastralmente vinculada a herederos de la familia Swarovski. Cuando un guía que nació en el pueblo necesita permiso para subir un cerro que conoce de memoria, la estadística se vuelve una tranquera. Cada campo que se cierra es, literalmente, un camino menos para quienes viven en la montaña.
Pajarola fue más allá en su denuncia: señaló, como compartimos más arriba, que Lácar es uno de los departamentos más extranjerizados del país y que una eventual reforma de la Ley de Tierras podría profundizar las dificultades de acceso a los espacios naturales que rodean la ciudad.
De la cordillera a Vaca Muerta: el mapa completo
Lácar es el caso más extremo, pero no el único. En Neuquén, la extranjerización de tierras supera el 50% en varios distritos ligados a la cuenca de Vaca Muerta, donde el interés de los compradores mira menos al paisaje y más al litio y los minerales estratégicos que hay debajo. En Río Negro conviven el infame enclave de Joe Lewis en Lago Escondido con las 330.000 hectáreas que el grupo estatal chino Heilongjiang acumuló en la provincia,un actor distinto, porque es un Estado y no un inversor privado, y es justamente ese tipo de comprador al que la reforma le exige más controles, con las que estoy de acuerdo.
El resto del país tiene su propia versión del fenómeno, lejos de cualquier cordillera. Salta, Mendoza y San Juan concentran buena parte de las 7,5 millones de hectáreas rurales que hoy están en manos extranjeras, según un relevamiento especializado sobre la reforma; el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET eleva ese número a 13 millones de hectáreas si se suma todo el territorio nacional, casi el 5% del país. Y en Misiones, provincia de frontera por naturaleza, el resultado de la votación del 6 de agosto pesa tanto como en Neuquén: sus senadores llegan al recinto bajo presión de intendentes y organizaciones que advierten sobre lo que puede pasar con la franja fronteriza si se relaja el control.
15%, 25%, ¿y el departamento qué?
Ahí es donde el debate político y la vida cotidiana se cruzan de lleno. La Ley 26.737, vigente desde 2011, limita al 15% la tierra rural que puede estar en manos extranjeras, y lo hace en tres escalas a la vez: nacional, provincial y departamental. Esa tercera escala es la que hoy permite detectar, aunque no siempre resolver, casos extremos como el de Lácar.
El Gobierno Nacional impulsa una reforma que, en la versión que llegó al recinto el 3 de agosto, sube ese límite al 25%, pero lo mide por provincia, no por departamento. Es la quinta vez que el oficialismo intenta destrabar el proyecto en el Senado, y necesita 37 votos para lograr media sanción este jueves 6 de agosto. En este escenario, Lacar podría pasar a ser el 100% extranjera. Sin un tope departamental, el promedio de Neuquén seguiría luciendo bajo aunque la cordillera, la zona de lagos y los corredores turísticos más demandados continúen concentrándose en pocas manos.
Para alguien que vive en Lácar, esa letra chica define algo muy concreto: si el Estado puede seguir viendo lo que pasa acá, o si Lácar queda disuelto en un promedio provincial que no cuenta la historia real de esta zona.
Extranjerización de tierras en Argentina
Investigación de Viajando: Porcentaje de tierra rural en manos extranjeras por provincia, con los casos documentados de la nota marcados sobre el mapa.
Porcentajes provinciales según datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales relevados por el Observatorio de Tierras (PRIHA-FCE-UBA) y prensa especializada, agosto 2026. Las provincias en gris no tienen dato provincial publicado a esta fecha. Casos puntuales: investigación propia — ver la nota completa en ViajandoArg.
El molde ya existe
Lácar no descubrió nada nuevo: repite un patrón con casi treinta años de historia, y ese patrón tiene domicilio en varios puntos del mapa argentino. En 1996, bajo la lógica del «tenemos tierra en exceso» que declaraba Carlos Menem, el Estado nacional autorizó la venta de más de ocho millones de hectáreas en zonas de frontera hasta entonces reservadas a ciudadanos argentinos. Ahí compró Joe Lewis sus 14.000 hectáreas alrededor de Lago Escondido, en Río Negro, y ahí llegó la familia Benetton a las 900.000 hectáreas de la Compañía de Tierras Sud Argentino, repartidas entre Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires, que administra hasta hoy.
El caso Lewis tiene, además, nombre y apellido propios del lado argentino. El 19 de junio de 1996, el abogado Lisandro Alfredo Allende pidió a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad la autorización para comprar tierra en la franja fronteriza, como presidente de una sociedad llamada H.R. Properties Buenos Aires S.A. El trámite se aprobó en tiempo récord, justamente porque quien lo pedía era, en el papel, una empresa argentina con presidente argentino. Dos meses después, el 30 de agosto de 1996, esas mismas hectáreas quedaron inscriptas en el registro de la propiedad de Río Negro a nombre de Hidden Lake S.A., la firma detrás de la cual terminó apareciendo Joe Lewis. Entre 1997 y 2004 se repitió esa misma ingeniería en 1.266.323 hectáreas de zona de frontera, de la Patagonia al norte del país: estudios jurídicos armando redes de testaferros para que, en el expediente, todo pareciera argentino aunque el destino final fuera otro.
Ahí está la pregunta incómoda que este debate suele evitar: ¿cómo hacemos, como argentinos;abogados, escribanos, funcionarios que firman en tiempo récord;, para terminar vendiéndole la tierra a otro país? En 2008 la respuesta tuvo, de nuevo, sello oficial: el Banco Nación remató 200.000 hectáreas en Vinchina, La Rioja, al mejor postor, y el comprador descubrió recién al ir a tomar posesión que el lote incluía un pueblo entero con entre 300 y 400 familias viviendo adentro, todo: casas, escuela, capilla y posta sanitaria. Ese escándalo, conocido como Valle Hermoso, fue lo que terminó de convencer al Congreso de sancionar, en 2011, la misma Ley 26.737 que hoy se discute derogar.
El remate de Valle Hermoso lo organizó un banco público. La autorización de Lago Escondido la tramitó un estudio jurídico porteño, con nombre y firma argentinos al pie del expediente. Quién arma la mesa importa tanto como quién termina sentado a comer
Nada de esto pasó todavía en Lácar con la escala de Valle Hermoso o Lago Escondido. Pero el 54% de extranjerización del departamento y el cierre del cerro Ezpeleta muestran que el mecanismo funciona igual acá, más despacio y mucho más cerca de casa.
Luces y sombras: no toda inversión extranjera cierra tranqueras
Sería injusto, y también inexacto, convertir esto en una historia de buenos y malos. San Martín de los Andes creció económicamente de la mano de inversión extranjera, en hotelería, en desarrollos inmobiliarios, en emprendimientos que generan trabajo genuino, y muchos propietarios extranjeros no restringen el paso ni generan conflictos.
La crisis habitacional del pueblo, además, tiene causas propias que se juegan puertas adentro del ejido urbano y merecen su análisis aparte: mezclarla sin evidencia con la extranjerización de tierras rurales sería un atajo fácil.
El hecho documentado, con nombre propio en casos como el del cerro Ezpeleta, es otro: la concentración de tierra en pocas manos, argentinas o extranjeras, vuelve más frágil algo que hasta hace poco dábamos por garantizado: la posibilidad de caminar libremente los cerros que rodean nuestras propias casas.
¿De quién es la montaña?
El Senado todavía tiene que definir qué porcentaje termina votando y si esa cifra incluye o no a Lácar como unidad de control. Yo, mientras tanto, cargo una pregunta nueva en cada caminata, una que antes no me hacía: si el sendero que elijo hoy va a seguir abierto el año que viene.
La misma pregunta nos hacemos, con otro cerro o río, lagos ya se la hacen en Salta, en San Juan, en Misiones: en cualquier punto de los miles de kilómetros de frontera y costa que la reforma discute abrir. Lácar es apenas el lugar donde a mí me toca vivir concretamente qué significa vivir en una tierra extranjera en mi propio país.
Si la ley necesita una revisión, el caso de Lácar demuestra que el camino no puede ser reducir los controles. Necesitamos más controles, no menos: controles capaces de evitar que decisiones privadas terminen restringiendo el acceso a senderos, costas y montañas que forman parte de nuestra vida común y nuestra soberanía natural.
Pero esa defensa también nos compromete a quienes recorremos estos lugares. Reclamar el acceso implica asumir nuestra parte: pasar sin dejar huella, respetar alambrados y guardaganados, y dejar cada sitio exactamente como lo encontramos.
Vivir en la Patagonia siempre implicó convivir con la inmensidad. Lo nuevo, lo que todavía estamos aprendiendo a nombrar, es convivir con sus límites.
